Los medios de comunicación durante la última dictadura militar
Las transformaciones no fueron sólo en el ámbito político-económico sino que también hubo un fuerte control y censura en los medios de comunicación así como de cualquier manifestación cultural que contradijera los parámetros dispuestos desde el poder central.
Durante los años de plomo se sentaron las bases del control y concentración de los medios y de la información por parte de los más poderosos, quienes siempre mantuvieron representantes en el gobierno de turno que defendieron y defienden sus intereses.
Desde el día inicial de la dictadura los editores y directores de diarios y revistas fueron informados por los militares acerca de que era lo que esperaban de ellos en la nueva etapa. El comunicado 19 de la Junta Militar era muy claro: “Será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”.
Los diarios estaban obligados a publicar únicamente los cables de la agencia oficial TELAM. De este modo los medios entraron en cadena, todos publicaban los comunicados oficiales. Mientras unos jugaron como actores principales para justificar el golpe, apoyar las campañas de "tierra de libertad" durante el mundial de fútbol, o exagerar los parciales logros bélicos en Malvinas en 1982; otros, como La Prensa, lograron mantener un tono constante de crítica a excesos o desviaciones.
No obstante lo más importante en este periodo son dos de las medidas tomadas en aquellos años que aún persisten en nuestros días, lo que permite demostrar la clara continuidad entre el repudiado pasado y el presente. Éstos son:
* Formación de Papel Prensa
* Sanción de la Ley de Radiodifusión (Ley 22.285)
Ambas medidas favorecieron la conformación y el vertiginoso crecimiento de las grandes empresas monopólicas de medios que centralizan la información y emisión de mensajes, con el aval total del Estado.
Durante la última dictadura militar las acciones de Papel Prensa quedaron bajo la administración de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (CONAREPA) desde la cual el Gral. Videla invitó a La Nación, Clarín, La Prensa y La Razón a hacerse cargo de la parte del empresario, dejando de lado al resto de los diarios. La Prensa rechazó la oferta mientras que los otros tres periódicos aceptaron. Así el 28 de septiembre de 1978 se inaugura la primera empresa nacional dedicada exclusivamente a la producción de papel para diarios. A mediados de los 80’, La Razón se apartó de la sociedad y sus acciones se repartieron entre Clarín (socio mayoritario), La Nación y el Estado. Actualmente, se mantiene esta misma configuración de Papel Prensa, empresa clave para el control y manejo de la impresión de diarios, donde el gobierno y un multimedios asociado (Clarín) ejercen una gran presión.
La ley 22.285, conocida como Ley de Radiodifusión, fue sancionada por decreto en septiembre de 1980 por el gobierno militar. En ella se define a la actividad como de “interés público” y no como un “servicio público”, lo que implica que la norma no garantiza el acceso permanente de todos los habitantes a los medios de comunicación. Su alcance es nacional, por lo cual las provincias quedan imposibilitadas de legislar el sector y consagra el sistema mixto de propiedad de los medios. Tiene un claro espíritu privatista, ya que prevé la venta casi inmediata de las emisoras y los canales estatales. Tampoco se contempla la posibilidad de que las Universidades o alguna otra institución educativa posean una emisora o canal ni se permite la existencia de medios con fines educativos.
No se garantiza el acceso y participación de los diferentes sectores de la sociedad ni potencia el federalismo. En cambio se fomenta la concentración monopólica de medios y permite que Buenos Aires ejerza una fuerte centralización en el flujo informativo y cultural. Esta ley no reconoce la existencia de ciertos tipos de medios, como las radios comunitarias, que se han agrupado y están reclamando que se las contemple dentro de una futura nueva ley de comunicación.
Durante la democracia
Durante los inicios de la democracia, la Ley de Radiodifusión se mantuvo vigente sin ninguna alteración más acorde a los cambios tecnológicos y políticos del momento. Raúl Alfonsín, fue el primero en incumplir su promesa electoral, al no derogar la ley 22.285. Por tato, la relación del Estado con los medios de comunicación continuaba con las mismas reglas de juego que fueron establecidas durante la Junta Militar.
Con el desarrollo de las tecnologías que permitieron la distribución de programaciones de diversas partes del mundo a través del satélite, tibiamente durante la década de 1980 y en forma acelerada durante los ’90, se multiplicaron para el receptor las posibilidades de recibir distintos medios de comunicación audiovisual, por medio de la televisión satelital de difusión directa, o bien por los servicios de televisión por cable.
Por otra parte, el abaratamiento de los equipos transmisores llevó en numerosos países a un aumento de las estaciones de radio FM y TV abierta de baja potencia, que proveen programaciones ligadas mayormente al ámbito local de recepción[1].
Pero mientras aumentaba la cantidad de emisoras, también se consolidaba el pasaje del centro estratégico de la industria cultural, desde la producción hacia la distribución. Toda nueva forma de distribución masiva de contenidos audiovisuales fue orientada en primer lugar a la demanda solvente (servicios “plus” arancelados), para luego ir abaratándose y derramar hacia capas inferiores de la pirámide del consumo. En los ‘90, crecerán formidablemente los costos de los derechos de emisión, aumentando la segmentación en la oferta mediática, según las posibilidades de compra de los receptores/consumidores[2].
Las transformaciones producidas en el sector de las Comunicaciones en la Argentina durante la década del ‘90 son una de las más substanciales de su historia. El sector experimentó simultáneamente procesos de expansión, incorporación intensiva de tecnología, concentración de la propiedad de los medios y desembarco del capital extranjero como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales, subordinadas a los objetivos de los principales grupos económicos, aplicadas por Carlos Menem a lo largo de toda su gestión.
Durante el gobierno de Carlos Menem, consecuentemente con su política económica general, se debilitaron nuevamente las disposiciones que impedían la participación del capital extranjero en el sector audiovisual y se alentó la formación de grupos multimedios oligopólicos.
Consecuentemente, esta política no fue cuestionada por el gobierno de Fernando de la Rúa. Mientras tanto, la ley de radiodifusión 22.285 sancionada por el gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla seguía vigente, y la perspectiva de alcanzar una política audiovisual que se ubique más allá de las necesidades del capital concentrado continuaba siendo muy lejana.[3] Durante el gobierno de De la Rúa, cambió la forma de conducción pero no el fondo del modelo: profundizó el régimen neoliberal en lugar de encarar una propuesta reformista como había prometido, agravando la crisis económica y manifestando el deterioro institucional.
Desde que asumió De la Rúa, la intervención en el ámbito de las comunicaciones fue una constante, que tuvo como toda su gestión, vaivenes. Específicamente en radiodifusión, el gobierno tomó injerencia en todos aquellos asuntos que estaban pendientes y sentó así su posición. Días después de llegar al poder, de la Rúa veta la ley conocida como Radio y Televisión Argentina (RTA) y crea a través del decreto 94/01 a fines de enero del 2001 el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP), también conocido como “Multimedios Oficial”.
Dentro del impuestazo y ajuste fiscal anunciado por Cavallo, se incorporó una medida histórica y ampliamente resistida por los propietarios de medios. El ministro decidió grabar con el 21% de IVA al cine, al teatro, a los espectáculos deportivos, a la TV por cable (sobre la cual ya pesaba el 13%) y a los diarios y revistas (que hasta ese momento estaban exentos). Ello despertó la furia de los multimedios que, con Clarín a la cabeza, argumentaban vía los organismos que los representan que aumentar el IVA pondría en peligro la libertad de prensa y de expresión y que el sector más castigado con el impuesto serían los consumidores. En consecuencia, las editoriales dispusieron una rebaja progresiva del salario del canillita que alcanzó al 20%.
A través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), principal organismo para llevar adelante sus políticas de radiodifusión, el gobierno puso en marcha un proceso de normalización del espectro radiofónico. Se suspendieron todas las adjudicaciones hechas por el gobierno anterior, sobre todo las que Menem había autorizado a último momento y el COMFER dio lugar al proceso de análisis las 438 adjudicaciones hechas por dicha administración, que terminó en septiembre de 2000, del que resultaron confirmadas 157 licencias y revocadas 275.
Para el COMFER, el proceso de normalización estaba pensado para ser sostenido por dos pilares. No solamente a través de la asignación de licencias, sino también por medio de la lucha contra la clandestinidad. Para tratar de acotar este problema el organismo emitió dos resoluciones en relación a las emisoras clandestinas. A fines de 2001 comenzó a ser tratado un proyecto de ley para penalizar las emisiones ilegales de radio y TV. En ese momento el tema se tornó de interés público cuando se produjeran interferencias de radios “truchas” en las comunicaciones entre pilotos y Torre de Control en Aeroparque, por lo que el aeropuerto fue inoperable por varios días y puso de manifiesto lo peligroso de la situación. Esta iniciativa se concretaría a partir de una reforma del Código Penal: penalizar las emisiones clandestinas y sancionar a los que posibiliten y/o realicen las conexiones no autorizadas. De lo que se trata, es de que hay un vacío legal en este punto, más allá de que las verdaderas intenciones de los propietarios de medios sean eliminar de una vez por todas a aquellos emisores sin licencia y tratar de reducir al mínimo la competencia.
El gobierno de Kirchner recibió un sistema de medios de comunicación concentrado, con alta incidencia del capital extranjero e importantes sectores sociales excluidos de la posibilidad de tener licencias de radiodifusión. Gran parte del arco de la sociedad civil permanecía relegada a recibir información y consumirla como mercancía, incapacitada de participar en los procesos de planificación de las políticas y de la gestión de los medios a partir de la exigencia de poseer fin de lucro para acceder a la licencia de un medio de radiodifusión, que implicaba la exclusión de las cooperativas y de muchos otros actores. La herencia incluía un marco legal autoritario y centralista, con la particularidad de que desde 1983, y especialmente durante la década del ’90, se profundizaron esas características.[4]
En 2003 el Poder Legislativo sancionó la Ley 25750 de “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”. En el primero de sus seis artículos se destaca “la importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional y el acervo cultural (...) por lo que la política del Estado nacional preservará especialmente: a) El patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural; b) Las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país; c) Actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional; d) El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación.”. En este sentido Si bien la ley dice proteger las industrias culturales, también permite que empresas extranjeras adquieran hasta un 30% de las acciones de empresas de medios, lo cual hasta la fecha estaba prohibido, con la excepción de Estados Unidos que había firmado un tratado de promoción de inversiones. De esta forma los medios blanqueaban la necesidad de incorporar capitales al mismo tiempo que bloqueaban la posibilidad de perder el control de la empresa. Solo se aceptaban inversiones financiera, en medios semiquebrados.
En suma, nuevas leyes y decretos lo que hacían eran disimular la incapacidad de cambiar la ley que regulaba las comunicaciones nacionales desde la última dictadura militar.
La comunicación en pocas manos[5]
Las transformaciones no fueron sólo en el ámbito político-económico sino que también hubo un fuerte control y censura en los medios de comunicación así como de cualquier manifestación cultural que contradijera los parámetros dispuestos desde el poder central.
Durante los años de plomo se sentaron las bases del control y concentración de los medios y de la información por parte de los más poderosos, quienes siempre mantuvieron representantes en el gobierno de turno que defendieron y defienden sus intereses.
Desde el día inicial de la dictadura los editores y directores de diarios y revistas fueron informados por los militares acerca de que era lo que esperaban de ellos en la nueva etapa. El comunicado 19 de la Junta Militar era muy claro: “Será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”.
Los diarios estaban obligados a publicar únicamente los cables de la agencia oficial TELAM. De este modo los medios entraron en cadena, todos publicaban los comunicados oficiales. Mientras unos jugaron como actores principales para justificar el golpe, apoyar las campañas de "tierra de libertad" durante el mundial de fútbol, o exagerar los parciales logros bélicos en Malvinas en 1982; otros, como La Prensa, lograron mantener un tono constante de crítica a excesos o desviaciones.
No obstante lo más importante en este periodo son dos de las medidas tomadas en aquellos años que aún persisten en nuestros días, lo que permite demostrar la clara continuidad entre el repudiado pasado y el presente. Éstos son:
* Formación de Papel Prensa
* Sanción de la Ley de Radiodifusión (Ley 22.285)
Ambas medidas favorecieron la conformación y el vertiginoso crecimiento de las grandes empresas monopólicas de medios que centralizan la información y emisión de mensajes, con el aval total del Estado.
Durante la última dictadura militar las acciones de Papel Prensa quedaron bajo la administración de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (CONAREPA) desde la cual el Gral. Videla invitó a La Nación, Clarín, La Prensa y La Razón a hacerse cargo de la parte del empresario, dejando de lado al resto de los diarios. La Prensa rechazó la oferta mientras que los otros tres periódicos aceptaron. Así el 28 de septiembre de 1978 se inaugura la primera empresa nacional dedicada exclusivamente a la producción de papel para diarios. A mediados de los 80’, La Razón se apartó de la sociedad y sus acciones se repartieron entre Clarín (socio mayoritario), La Nación y el Estado. Actualmente, se mantiene esta misma configuración de Papel Prensa, empresa clave para el control y manejo de la impresión de diarios, donde el gobierno y un multimedios asociado (Clarín) ejercen una gran presión.
La ley 22.285, conocida como Ley de Radiodifusión, fue sancionada por decreto en septiembre de 1980 por el gobierno militar. En ella se define a la actividad como de “interés público” y no como un “servicio público”, lo que implica que la norma no garantiza el acceso permanente de todos los habitantes a los medios de comunicación. Su alcance es nacional, por lo cual las provincias quedan imposibilitadas de legislar el sector y consagra el sistema mixto de propiedad de los medios. Tiene un claro espíritu privatista, ya que prevé la venta casi inmediata de las emisoras y los canales estatales. Tampoco se contempla la posibilidad de que las Universidades o alguna otra institución educativa posean una emisora o canal ni se permite la existencia de medios con fines educativos.
No se garantiza el acceso y participación de los diferentes sectores de la sociedad ni potencia el federalismo. En cambio se fomenta la concentración monopólica de medios y permite que Buenos Aires ejerza una fuerte centralización en el flujo informativo y cultural. Esta ley no reconoce la existencia de ciertos tipos de medios, como las radios comunitarias, que se han agrupado y están reclamando que se las contemple dentro de una futura nueva ley de comunicación.
Durante la democracia
Durante los inicios de la democracia, la Ley de Radiodifusión se mantuvo vigente sin ninguna alteración más acorde a los cambios tecnológicos y políticos del momento. Raúl Alfonsín, fue el primero en incumplir su promesa electoral, al no derogar la ley 22.285. Por tato, la relación del Estado con los medios de comunicación continuaba con las mismas reglas de juego que fueron establecidas durante la Junta Militar.
Con el desarrollo de las tecnologías que permitieron la distribución de programaciones de diversas partes del mundo a través del satélite, tibiamente durante la década de 1980 y en forma acelerada durante los ’90, se multiplicaron para el receptor las posibilidades de recibir distintos medios de comunicación audiovisual, por medio de la televisión satelital de difusión directa, o bien por los servicios de televisión por cable.
Por otra parte, el abaratamiento de los equipos transmisores llevó en numerosos países a un aumento de las estaciones de radio FM y TV abierta de baja potencia, que proveen programaciones ligadas mayormente al ámbito local de recepción[1].
Pero mientras aumentaba la cantidad de emisoras, también se consolidaba el pasaje del centro estratégico de la industria cultural, desde la producción hacia la distribución. Toda nueva forma de distribución masiva de contenidos audiovisuales fue orientada en primer lugar a la demanda solvente (servicios “plus” arancelados), para luego ir abaratándose y derramar hacia capas inferiores de la pirámide del consumo. En los ‘90, crecerán formidablemente los costos de los derechos de emisión, aumentando la segmentación en la oferta mediática, según las posibilidades de compra de los receptores/consumidores[2].
Las transformaciones producidas en el sector de las Comunicaciones en la Argentina durante la década del ‘90 son una de las más substanciales de su historia. El sector experimentó simultáneamente procesos de expansión, incorporación intensiva de tecnología, concentración de la propiedad de los medios y desembarco del capital extranjero como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales, subordinadas a los objetivos de los principales grupos económicos, aplicadas por Carlos Menem a lo largo de toda su gestión.
Durante el gobierno de Carlos Menem, consecuentemente con su política económica general, se debilitaron nuevamente las disposiciones que impedían la participación del capital extranjero en el sector audiovisual y se alentó la formación de grupos multimedios oligopólicos.
Consecuentemente, esta política no fue cuestionada por el gobierno de Fernando de la Rúa. Mientras tanto, la ley de radiodifusión 22.285 sancionada por el gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla seguía vigente, y la perspectiva de alcanzar una política audiovisual que se ubique más allá de las necesidades del capital concentrado continuaba siendo muy lejana.[3] Durante el gobierno de De la Rúa, cambió la forma de conducción pero no el fondo del modelo: profundizó el régimen neoliberal en lugar de encarar una propuesta reformista como había prometido, agravando la crisis económica y manifestando el deterioro institucional.
Desde que asumió De la Rúa, la intervención en el ámbito de las comunicaciones fue una constante, que tuvo como toda su gestión, vaivenes. Específicamente en radiodifusión, el gobierno tomó injerencia en todos aquellos asuntos que estaban pendientes y sentó así su posición. Días después de llegar al poder, de la Rúa veta la ley conocida como Radio y Televisión Argentina (RTA) y crea a través del decreto 94/01 a fines de enero del 2001 el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP), también conocido como “Multimedios Oficial”.
Dentro del impuestazo y ajuste fiscal anunciado por Cavallo, se incorporó una medida histórica y ampliamente resistida por los propietarios de medios. El ministro decidió grabar con el 21% de IVA al cine, al teatro, a los espectáculos deportivos, a la TV por cable (sobre la cual ya pesaba el 13%) y a los diarios y revistas (que hasta ese momento estaban exentos). Ello despertó la furia de los multimedios que, con Clarín a la cabeza, argumentaban vía los organismos que los representan que aumentar el IVA pondría en peligro la libertad de prensa y de expresión y que el sector más castigado con el impuesto serían los consumidores. En consecuencia, las editoriales dispusieron una rebaja progresiva del salario del canillita que alcanzó al 20%.
A través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), principal organismo para llevar adelante sus políticas de radiodifusión, el gobierno puso en marcha un proceso de normalización del espectro radiofónico. Se suspendieron todas las adjudicaciones hechas por el gobierno anterior, sobre todo las que Menem había autorizado a último momento y el COMFER dio lugar al proceso de análisis las 438 adjudicaciones hechas por dicha administración, que terminó en septiembre de 2000, del que resultaron confirmadas 157 licencias y revocadas 275.
Para el COMFER, el proceso de normalización estaba pensado para ser sostenido por dos pilares. No solamente a través de la asignación de licencias, sino también por medio de la lucha contra la clandestinidad. Para tratar de acotar este problema el organismo emitió dos resoluciones en relación a las emisoras clandestinas. A fines de 2001 comenzó a ser tratado un proyecto de ley para penalizar las emisiones ilegales de radio y TV. En ese momento el tema se tornó de interés público cuando se produjeran interferencias de radios “truchas” en las comunicaciones entre pilotos y Torre de Control en Aeroparque, por lo que el aeropuerto fue inoperable por varios días y puso de manifiesto lo peligroso de la situación. Esta iniciativa se concretaría a partir de una reforma del Código Penal: penalizar las emisiones clandestinas y sancionar a los que posibiliten y/o realicen las conexiones no autorizadas. De lo que se trata, es de que hay un vacío legal en este punto, más allá de que las verdaderas intenciones de los propietarios de medios sean eliminar de una vez por todas a aquellos emisores sin licencia y tratar de reducir al mínimo la competencia.
El gobierno de Kirchner recibió un sistema de medios de comunicación concentrado, con alta incidencia del capital extranjero e importantes sectores sociales excluidos de la posibilidad de tener licencias de radiodifusión. Gran parte del arco de la sociedad civil permanecía relegada a recibir información y consumirla como mercancía, incapacitada de participar en los procesos de planificación de las políticas y de la gestión de los medios a partir de la exigencia de poseer fin de lucro para acceder a la licencia de un medio de radiodifusión, que implicaba la exclusión de las cooperativas y de muchos otros actores. La herencia incluía un marco legal autoritario y centralista, con la particularidad de que desde 1983, y especialmente durante la década del ’90, se profundizaron esas características.[4]
En 2003 el Poder Legislativo sancionó la Ley 25750 de “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”. En el primero de sus seis artículos se destaca “la importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional y el acervo cultural (...) por lo que la política del Estado nacional preservará especialmente: a) El patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural; b) Las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país; c) Actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional; d) El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación.”. En este sentido Si bien la ley dice proteger las industrias culturales, también permite que empresas extranjeras adquieran hasta un 30% de las acciones de empresas de medios, lo cual hasta la fecha estaba prohibido, con la excepción de Estados Unidos que había firmado un tratado de promoción de inversiones. De esta forma los medios blanqueaban la necesidad de incorporar capitales al mismo tiempo que bloqueaban la posibilidad de perder el control de la empresa. Solo se aceptaban inversiones financiera, en medios semiquebrados.
En suma, nuevas leyes y decretos lo que hacían eran disimular la incapacidad de cambiar la ley que regulaba las comunicaciones nacionales desde la última dictadura militar.
La comunicación en pocas manos[5]
Durante la década del ‘90 pocas empresas nacionales e internacionales lograron concentrar la mayor parte de los medios de comunicación en la Argentina. Luego de la crisis de 2001, y tras el repunte económico, el crecimiento de estas empresas no sólo continuó, sino que la concentración se hizo cada vez mayor.
A este proceso se le sumó el permiso que obtuvieron los capitales internacionales para invertir en medios del país, a mediados de la década pasada. Con la “subida” al satélite de las señales de radio y de televisión, privadas y públicas (generalizada a principios de los ’90 en América Latina), este primer nivel de acceso estaría virtualmente cubierto en casi todo el mundo. Sin embargo, atendiendo a las particularidades de las minorías étnicas, y a la población rural dispersa, razones de índole idiomática (no todos hablan las lenguas oficiales) y económica (no todos disponen de pequeñas antenas parabólicas o equipos necesarios para bajar las señales, si es que éstas no están codificadas), hacen que aún existen grupos poblacionales excluidos de la posibilidad de recibir radio y TV.[6]
Luego, con la crisis de 2001, y la salida de inversores extranjeros, las empresas nacionales se reposicionaron, continuaron su crecimiento económico y acentuaron la concentración. Tras el default argentino y la devaluación del peso, se produjeron varios cambios en la estructura propietaria de las empresas.
En este sentido, el Grupo Clarín abandonó la telefonía celular -vendió CTI Móvil a América Móvil (Telmex, propiedad de Carlos Slim) y Techtel (Techint, propiedad de la familia Rocca), que en 2008 cambio su nombre a CLARO - y su participación de televisión satelital en DirecTV. Al diario Clarín y el Olé, sumó el diario La Razón. Asimismo, posee Papel Prensa, en sociedad con La Nación y el Estado Nacional; la imprenta Artes Gráficas Rioplatense (AGR); las revistas Elle, Genios y Jardín de Genios; la agencia de noticias DyN y los diarios Los Andes (Mendoza), La Voz del Interior y Día a Día (Córdoba), entre otros medios gráficos, además de la editorial de textos escolares Tinta Fresca y la asociación con el grupo mexicano Multimedios para crear la editorial Ríos de Tinta en tierra azteca. En lo audiovisual, el crecimiento de Multicanal y la compra de Cablevisión se tradujeron en la posibilidad de controlar el negocio de la televisión por cable en el país. La expansión del Grupo en la TV paga llegó incluso a Paraguay y Uruguay. Además cuenta con la licencia de Canal 13 (Ciudad de autónoma de Buenos Aires), Canal 12 (Córdoba), Canal 7 (Bahía Blanca) y las señales TN Noticias, Volver, Canal Rural, Quiero Música en mi Idioma, Magazine y el 50% de TyC Sports, TRISA y TSC (dueña de los derechos de transmisión del fútbol argentino). También produce contenidos a través de su participación en Pol-ka -con Adrián Suar-, Ideas del Sur -con Marcelo Tinelli-, Patagonik -participada junto a Disney - y Carburando (dueña de los derechos de las transmisiones del automovilismo argentino). Sin omitir otros emprendimientos como los radiales -AM Mitre y FM 100- y la producción de eventos -Caminos y Sabores, Expoeducativa y Expoagro, esta última en conjunto con el diario La Nación-, el avance en el rubro nuevas tecnologías también fue notable. La adquisición de Cablevisión involucró a Fibertel -proveedora de Internet banda ancha- que sumado a Flash, Ciudad Internet y Fullzero lo posicionaron como referente de ese mercado.
El surgimiento de Gestión Compartida (contratación de recursos humanos), Unir (correo y distribución) e Impripost (packaging) le permitió completar la cadena de producción informativa, desde la elaboración del papel hasta las manos del consumidor.
Esta composición implica que el grupo tenga una importante penetración en la conformación de la opinión pública: se estima que sólo el diario Clarín lo leen 830 mil personas a diario (vende en promedio más de 350 mil ejemplares), posee más de 3 millones de abonados a TV por cable, controla 750 mil conexiones a Internet y, sólo Canal 13, tiene una participación en la audiencia de la TV por aire del 34%.
Daniel Hadad, quien durante 1995 adquirió la frecuencia de la AM 710, constituyó un nuevo multimedios, principalmente tras la disolución del CEI, emprendimiento mediático de los 90 que aunaba al City Bank, al fondo de inversiones Hicks-Muse, la familia Vigil, Telefónica de Argentina y Raúl Moneta. A Radio 10, sumó la revista La Primera, el diario BAE (rebautizado como Infobae) y la FM Mega.
En 2002, ante la intimación del COMFER para que Telefónica se desprendiera de uno de los dos canales de TV que poseía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Canal 11 y Canal 9, Hadad compró este último. La operación también involucró a Benjamín Vijnovsky y Fernando Sokolowicz (accionista de Página/12).
Tras el paso de varios accionistas, Hadad vendió la emisora al empresario televisivo mexicano Ángel González. A este desprendimiento se sumó el del diario Infobae, adquirido por Sergio Spolsky (dueño de El Argentino, matutino gratuito de la Ciudad de Buenos Aires, Diagonales, en la ciudad de La Plata y el dominical Miradas al Sur). Pero estas ventas no menguaron la consolidación del grupo de Hadad: incorporó las FM Radio Pop, Vale y Amadeus; las revistas Bacanal, Tendencia y TKM; los portales musicales 10libre.com y 10tango.com, además de la venta de tarjetas telefónicas Crossfone. Finalmente, creó el canal de noticias C5N.
Por otra parte, Carlos Ávila reemplazó en 2001 a Eduardo Eurnekian al frente de América TV. Quien fuera dueño de las transmisiones televisivas del fútbol argentino, adquirió de Hadad la revista La Primera -rebautizada Poder-, acciones de Ámbito Financiero y comenzó a intervenir en Internet, en la compañía Uol-Sinectis, empresa que compartía con la Editorial Perfil de Jorge Fontevecchia.
Tras la crisis de 2001, se incorporaron al directorio de América TV Daniel Vila y el ex ministro del Interior del gobierno de Menem, José Luis Manzano, dueños del Grupo Uno. Éste, con fuerte presencia en el interior del país: posee el Diario Uno (Mendoza), la compañía de cable Supercanal (de la cual Multicanal tiene el 20%), la transmisora de TV digital Televisión Directa al Hogar y el Multimedios La Capital, con más de 20 medios en Santa Fe y Entre Ríos.
A consecuencia de su ingreso al canal, la sociedad Vila-Manzano se quedó con la revista El Gráfico y la AM La Red, que hasta ese momento manejaba Ávila mediante Torneos y Competencias. El último ingreso en la sociedad que controla América TV -AISA- fue el del empresario y diputado nacional Francisco de Narváez, quien compró el 30% del paquete accionario, y además controla el predio La Rural, El Cronista, elcronista.com y las revistas Information Technology y Apertura.
Finalmente, Ávila se retiró de los emprendimientos mediáticos fuertes, cediendo el control de Torneos y Competencias, y vendiendo las acciones que poseía en AISA a De Narváez, quien se hizo con el capital mayoritario del Grupo América. Para completar su armado comunicacional, a mediados de 2008, De Narvaez compró el 60% de la compañía Clan Comunicación e Imagen, dedicada a la cartelería en la vía pública y a la arquitectura publicitaria.
Mientras tanto, y aprovechando los embates del COMFER sobre las empresas que no cumplían con la legislación vigente, en particular la mexicana CIE, el conductor y empresario Marcelo Tinelli se quedó con la AM Del Plata y las FM Spika y Radiosinfo. En 2006, como parte de su pase a la pantalla de Canal 13, vendió el 30% de Ideas del Sur al Grupo Clarín. Posteriormente, creó la empresa Movifun Shopping, plataforma para realizar compras usando el teléfono celular.
[1] De acuerdo al país, estas emisoras conformaron distintas tendencias y estilos: comunitarias, alternativas, abiertas, etc.
[2] Mayor desarrollo de este tema en Azpillaga P. y otros pág. 38 (2000).
[3]Guillermo Mastrini “Política y medios en la argentina: los orígenes de la televisión privada”.
[4] Guillermo Mastrini y Santiago Marino, Al final del período. Los límites del progresismo
Políticas de Comunicación en Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner.
[5] CEOM 2008 (Centro de Estudios y Observación de Medios), Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
[6] Diego Rossi, Acceso y participación en el nuevo siglo Limitaciones de la política. Condicionamientos de los conglomerados (2006)
Bibliografía consultada
· AZPILLAGA P., MIGUEL J. Y ZALLO R. (2000): “Las industrias culturales en la economía informacional. Evolución de sus formas de trabajo y valorización”, en Mastrini y Bolaño (eds.) “Globalización y monopolios en la Comunicación en América Latina”, Ed. Biblos, Buenos Aires.
Bulla, Gustavo y Glenn Postolski (2004). Convertibilidad, endeudamiento y devaluación en la economía argentina de los ‘90. Ley de preservación del patrimonio cultural: el poder mediático al desnudo. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación www.eptic.com.br Vol.VI, n.1.
· CEOM (Centro de Estudios y Observación de Medios), Facultad de Periodismo y Comunicación Social.La comunicación en pocas manos. Ficha de Cátedra del Taller de Análisis de la Información, Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Año: noviembre de 2008
García Leiva, María Trinidad (2002). Radiodifusión, contradicción y control 1999-2001 Universidad de Buenos Aires. Carrera de Ciencias de la Comunicación
Mastrini, G. y M. Mestman (1996) “¿Desregulación o re-regulación? De la derrota de las políticas a la política de la derrota”, en CIC Nº 2, UCM, Madrid.
Mastrini, Guillermo y Becerra, Martín. 50 años de concentración de medios en América latina: Del patriarcado artesanal a la valorización en escala. Texto de la cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
Mastrini, Guillermo y Marino, Santiago. Al final del período. Los límites del progresismo. Políticas de Comunicación en Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner. Texto de la Cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
Mastrini, Guillermo. Política y medios en la argentina: los orígenes de la televisión privada. Texto de la cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
Observatorio Comunicacional de la Facultad de Ciencias. de la Educación Universidad Nacional de Entre Ríos. (2008) Los medios de comunicación y el proyecto dominante. El golpe del ’76, la dictadura y la democracia.
Postolski, Glenn, Santucho, Ana y Rodríguez, Daniel. Concentración y dependencia: los medios de comunicación en el centro de la crisis. Integrantes del Observatorio Político y Social de Medios y del Area de Investigación de la UTPBA. Texto de la cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
Rossi, Diego (2006). Acceso y participación en el nuevo siglo. Limitaciones de la política, condicionamientos de los conglomerados. Texto de la cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
· AZPILLAGA P., MIGUEL J. Y ZALLO R. (2000): “Las industrias culturales en la economía informacional. Evolución de sus formas de trabajo y valorización”, en Mastrini y Bolaño (eds.) “Globalización y monopolios en la Comunicación en América Latina”, Ed. Biblos, Buenos Aires.
Bulla, Gustavo y Glenn Postolski (2004). Convertibilidad, endeudamiento y devaluación en la economía argentina de los ‘90. Ley de preservación del patrimonio cultural: el poder mediático al desnudo. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación www.eptic.com.br Vol.VI, n.1.
· CEOM (Centro de Estudios y Observación de Medios), Facultad de Periodismo y Comunicación Social.La comunicación en pocas manos. Ficha de Cátedra del Taller de Análisis de la Información, Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Año: noviembre de 2008
García Leiva, María Trinidad (2002). Radiodifusión, contradicción y control 1999-2001 Universidad de Buenos Aires. Carrera de Ciencias de la Comunicación
Mastrini, G. y M. Mestman (1996) “¿Desregulación o re-regulación? De la derrota de las políticas a la política de la derrota”, en CIC Nº 2, UCM, Madrid.
Mastrini, Guillermo y Becerra, Martín. 50 años de concentración de medios en América latina: Del patriarcado artesanal a la valorización en escala. Texto de la cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
Mastrini, Guillermo y Marino, Santiago. Al final del período. Los límites del progresismo. Políticas de Comunicación en Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner. Texto de la Cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
Mastrini, Guillermo. Política y medios en la argentina: los orígenes de la televisión privada. Texto de la cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
Observatorio Comunicacional de la Facultad de Ciencias. de la Educación Universidad Nacional de Entre Ríos. (2008) Los medios de comunicación y el proyecto dominante. El golpe del ’76, la dictadura y la democracia.
Postolski, Glenn, Santucho, Ana y Rodríguez, Daniel. Concentración y dependencia: los medios de comunicación en el centro de la crisis. Integrantes del Observatorio Político y Social de Medios y del Area de Investigación de la UTPBA. Texto de la cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
Rossi, Diego (2006). Acceso y participación en el nuevo siglo. Limitaciones de la política, condicionamientos de los conglomerados. Texto de la cátedra "Políticas y planificación de la comunicación" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
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