Marzo 27, 2014Hacemos público el repudio a las
declaraciones emitidas por el intendente de Florencia Varela, Julio Pereyra, en
Radio América el día 26 de marzo, sobre
las propuestas de políticas represivas para jóvenes de clases populares
estigmatizados como violentos.
Del mismo modo repudiamos la decisión del
Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, de reincorporar a la
fuerza a los policías acusados de la desaparición de Luciano Arruga.
Expresiones como las que sostiene el
Intendente de Florencia Varela “Cuando
están mezclados con otros chicos en la escuela, son muy difíciles de controlar,
se le plantan a las maestras, entonces hay que darles un tratamiento especial
para que no maten a nadie o no tengamos que matarlos” o manifestaciones tales
como “A los pibes intentemos salvarlos, después el que sigue delinquiendo y es
reincidente, tiene que estar presos, tenemos que tener más policías y más
armas”, nos alertan sobre embestidas punitivas hacia un sector de los más jóvenes. Tal como lo reconoce el Intendente de este
partido del conurbano bonaerense, la Federación Argentina de Municipios (FAM)
está avanzado en ideas de este tipo, lo cual se alinea con la intención
política de establecer las policías municipales, como nuevas fuerzas represivas
para gobernar territorios urbanos, sectorizando el espacio público y
profundizando la política de cárceles a cielo abierto que impera en la
provincia.
Es preocupante que un jefe de estado municipal
en lugar de explicar cómo cumplirá con las leyes de promoción y protección de
derechos de la infancia vigentes, promueva como solución a situaciones de
“violencia” mayor despliegue de violencias institucionales tal como lo alienta
expresamente en sus declaraciones.
Del mismo modo las declaraciones de Granados
demuestran que Pereyra no expresa un pensamiento individual, sino que está
enmarcado en una línea política que aboga por un estado punitivo en detrimento
de uno social.
El poder político y los medios masivos de
comunicación a través de mecanismos de pánico generan un estado de alerta sobre
“la seguridad” construida como principal problema social, y abogando prácticas
criminales por parte de la población que encuentra como solución a “sus
problemas” armarse y violentarse contra estos jóvenes previamente construidos
como “peligrosos”, tal es el nuevo caso ocurrido también el 26 de marzo en la
ciudad de Rosario, donde vecinos “bajo ira” asesinaron a golpes a un joven de
18 años sospechado de haber arrebatado la cartera a una mujer.El avance de
medidas represivas sobre los chicos y jóvenes de clases populares pone de
manifiesto que desde el Poder Ejecutivo en sus diversos niveles nacional y
provincial no se está priorizando la plena implementación de las leyes de
promoción y protección de derechos, en línea con los pactos internacionales
suscriptos por nuestro país, sino que por el contrario se está avanzando en la
implementación de un estado que agudiza sus mecanismos de control social
represivos sobre aquellos que previamente desprotegió privándolos del acceso a
condiciones básicas para la vida.
Para profundizar el debate ver informes del
Observatorio de Adolescentes y Jóvenes.
Observatorio de Adolescentes y
JóvenesInstituto de Investigaciones Gino GermaniFacultad de Ciencias
SocialesUniversidad de Buenos Aireswww.observatoriojovenes.com.ar
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